El miércoles pasado se publicó en el Boletín Oficial el decreto que anula la paritaria nacional docente, según la cual se establecían parámetros salariales para los docentes de todo el país de acuerdo con la Ley de Financiamiento Educativo.
La Paritaria Nacional Docente, recurso regulado en el año 2007 a través de la Ley de Financiamiento Educativo (ley n° 26.075). Según esta ley, el gobierno sería responsable de negociar paritarias a nivel nacional para igualar las condiciones laborales de los docentes en todo el país. El salario debía alcanzarse en un consenso entre los gremios docentes (con una representatividad proporcional a su número de afiliados) y el Ministerio de Educación.
A partir del decreto n°52/2018 publicado en el Boletín Oficial el pasado miércoles, este recurso deja de existir y el debate salarial es reemplazado por una cifra fija: los docentes cobrarán un 20% más que el salario mínimo, vital y móvil, y no se ajustará por inflación ya que, en teoría, depende de otro monto que se irá modificando. El salario mínimo actualmente es de $9.500, estableciendo el salario docente en $11.400. En el mes de Julio, tras la actualización de los montos, pasará a ser de $12.000.
Sin el reclamo salarial de por medio, el debate entre sindicatos y gobierno quedará limitado a la discusión de las condiciones laborales, los derechos sociales y previsionales, la carrera docente y el calendario académico.
El segundo cambio que trajo un gran eco a partir de la publicación del decreto fue la modificación de la mesa de negociación entre los gremios y el gobierno nacional, que deja de repartir el poder según la cantidad de afiliados para dar igualdad a todos los gremios a la hora de sentarse a negociar con las autoridades. Esta decisión recae fuertemente sobre el gremio Ctera, quien solía liderar las negociaciones por contar con 5 de los 9 representantes, y sus autoridades calificaron al decreto como “un nuevo ataque a las organizaciones sindicales docentes”.
Ctera anunció que elevará su denuncia a la Organización Internacional del Trabajo por haber definido de forma unilateral y sin pasar por el debate parlamentario una decisión que afecta el salario de sus trabajadores. A su vez, denuncian que al dejar de debatirse las condiciones a nivel nacional “se pretende generar un sistema con más desigualdad entre las provincias y con derechos diferenciales al interior del conjunto de los trabajadores”.
Fuente: La primera piedra
