El Gobierno nacional publicó hoy un decreto de actualización presupuestaria que proyecta para el año en curso un déficit primario del 2,5% para las cuentas del sector público nacional, en línea con el Acuerdo de Facilidades Extendidas pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El decreto 331 publicado hoy en el Boletín Oficial prevé «una proyección de déficit primario base caja del Sector Público Nacional (SPN) de 2,5% del PIB».
La ratificación de obtener un déficit primario del 2,5% forma parte del acuerdo con el FMI, que establece una reducción gradual del rojo de las cuentas públicas: en 2022, el déficit será del 2,5%, en 2023 del 1,9% y en 2024 del 0,9%.
La modificación presupuestaria, en su artículo 8, incluye una autorización para emitir Letras de Liquidez del Tesoro en pesos a descuento (Lelites) hasta alcanzar un importe máximo en circulación de $100 mil millones para afrontar las emisiones que se realicen durante diciembre de 2022, y cuyo vencimiento se produzca en enero de 2023.
Estos instrumentos serán emitidos a plazos menores o iguales a 30 días, y podrán ser suscriptos únicamente por los Fondos Comunes de Inversión.
El comunicado del Palacio de Hacienda indica que se «continuará con los esfuerzos iniciados en diciembre de 2019 para profundizar el desarrollo del mercado local de capitales, creando las condiciones para un financiamiento del Tesoro en condiciones que sean atractivas para los inversores y respeten los marcos de sostenibilidad de la deuda pública».
«La política económica del Gobierno nacional tiene como objetivos el crecimiento sostenible con generación de empleo y el fortalecimiento de las condiciones para reducir la inflación», puntualiza el comunicado oficial.
En este sentido, las autoridades consideran que «una condición necesaria para ello es que la política fiscal y monetaria se encuentren alineadas con el objetivo de robustecer la acumulación de reservas internacionales».
A efectos de los objetivos económicos y sociales trazados, se mantendrán «las metas anuales del programa económico, que son los pilares sobre los cuales se asienta un proceso de estabilización que refuerce la tendencia de crecimiento económico y de recuperación sostenible de los ingresos de las trabajadoras y los trabajadores y el fortalecimiento de la seguridad social».
De todas formas, se aclara que «el cambio en las condiciones económicas ha generado una modificación en la estacionalidad del gasto a lo largo del ejercicio fiscal».
El Gobierno nacional ha trabajado activamente para garantizar la seguridad energética minimizando el impacto del alza de los precios de la energía en el costo de mantenimiento del sistema.
En particular, se alcanzó «un nuevo acuerdo con Bolivia para garantizar el abastecimiento de gas natural», y «complementariamente se alcanzó un intercambio de energía eléctrica con Brasil, que implicó una reducción de los costos necesarios para garantizar la seguridad energética».
A pesar de estos esfuerzos, «el impacto de la guerra en los precios internacionales del Gas Natural Licuado (GNL) y otros combustibles líquidos generó un incremento del gasto en subsidios, que se desacelerará a lo largo del año».
El proyecto de Presupuesto 2022 fue rechazado en la Cámara de Diputados el 17 de diciembre del año pasado, tras el voto negativo de las bancadas opositoras en una sesión que se extendió por más de 20 horas.
Frente a la negativa de la oposición de acompañar el proyecto de Presupuesto 2022, a los pocos días el Poder Ejecutivo prorrogó, a través del decreto 882/2021, el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.
En esta actualización presupuestaria no se incluyó el costo de vida proyectado para este año, y el último dato de inflación se conoció el martes último con una suba de precios del 5,1% para el mes de mayo, alcanzando una variación interanual del 60,7%.
