En el período enero-septiembre del 2024 el 25,3% del ajuste del gasto del Estado estuvo explicado por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, según reveló el reciente estudio del Centro de Economía Política (CEPA) publicado este miércoles. «El gobierno sostuvo el superávit fiscal a costa de las jubilaciones», sostuvieron desde el espacio. Bajo el título «La movilidad jubilatoria: del DNU de Milei al debate presupuestario 2025», el CEPA elaboró un informe que da cuenta del retroceso que tuvieron los jubilados en materia de poder adquisitivo durante los primeros 9 meses de gestión libertaria.
El estudio muestra la modificación de la fórmula previsional que realizó el Gobierno a través del DNU 274/24, que ató los haberes a la inflación y perjudicó a los jubilados. «Si bien la fórmula atada a IPC permitió recuperar parte del terreno perdido en el primer trimestre, a esta altura podemos concluir que la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras», se indicó.
Así se destaca que tanto en septiembre como en diciembre, los aumentos por la fórmula anterior hubieran sido superiores a los efectivamente otorgados. «En diciembre 2024, con la fórmula de Milei, la jubilación mínima (sin bono) se ubicará en $259.599, mientras que de haber continuado la fórmula anterior se ubicaría en $314.303 (21,1% por encima)». En tanto, se detalla que si se hubiera actualizado el bono de $70.000 que recibe el 70% de los jubilados en la misma proporción que las jubilaciones el bono debiera ser en diciembre de $135.140, es decir, $65.140 más de lo actual.
El informe también desmiente los dichos de Milei sobre que las jubilaciones le están ganando a la inflación. «En el trimestre septiembre-noviembre de 2024, el poder de compra de las jubilaciones que no perciben bono se ubica 4% por debajo del mismo período del año anterior, mientras que las jubilaciones con bono se encuentran 13,1% abajo».
También se destaca que las jubilaciones, al estar vinculadas al IPC, «éstas no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar». Por el contrario, la Ley 27.756 sancionada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo incluía una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la CBT de un adulto, y una cláusula gatillo una vez al año (en marzo) si hubiere recuperación real de los salarios en el año calendario anterior.
Además se advierte que el proyecto de Presupuesto 2025 incluye más ajuste. «Se contempla la ratificación de la fórmula por IPC y mantener congelado el bono para la mínima en $70.000 durante todo el año. Esto implicará, a diciembre de 2025, negarle a los jubilados $102.793 adicionales. Ello siempre y cuando se cumplan las previsiones del gobierno: si ocurriese algún acontecimiento que ponga en riesgo el equilibrio financiero, el bono podría recortarse en el marco de la regla fiscal que propone el ejecutivo».
Por último se recuerda que en cuanto a la moratoria previsional, el gobierno confirmó que no se prorrogará por lo cual vencerá en marzo de 2025. «Esto implica que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de jubilarse, deberán conformarse con una PUAM, equivalente al 80% de la jubilación mínima y no pensionable».
Fuente Política Argentina