La empresa Fluxa, encargada de la administración de los radares de velocidad en la Ruta 11, avanza con la reinstalación del dispositivo ubicado en el kilómetro 341, cerca del acceso a San Bernardo. Se espera que en las próximas horas quede operativo, con nuevas medidas de seguridad para evitar actos de vandalismo.
Este radar ya fue derribado en dos oportunidades, el 5 de marzo de 2024 y el 19 de enero de 2025, al igual que los instalados en Costa del Este y Las Toninas. En su última reinstalación se habían colocado cámaras de vigilancia y guardarraíles, aunque esto no impidió su destrucción.
Según fuentes oficiales, el dispositivo comenzará a operar una vez que la provincia de Buenos Aires lo disponga, momento en el cual también se habilitará la emisión de multas por exceso de velocidad.
El rol de General Lavalle y los interrogantes sobre la recaudación
Un aspecto que genera debate es que estos radares están ubicados en jurisdicción de la Municipalidad de General Lavalle, a pesar de encontrarse en un tramo de la Ruta 11 que afecta directamente a localidades del Partido de La Costa. Fue el exintendente de Lavalle, José Rodríguez Ponte, quien firmó el convenio con Fluxa para la instalación y administración de los dispositivos.
Si bien está comprobado que el respeto por los límites de velocidad contribuye a reducir accidentes, en la comunidad persiste la percepción de que estos radares tienen un fuerte enfoque recaudatorio. Hasta el momento, no se han brindado datos oficiales sobre el impacto que tuvieron en la reducción de siniestros en estos tramos ni sobre el destino de los fondos generados por las infracciones.
Esto abre una serie de interrogantes:
- ¿Cuántas multas se emitieron en este punto antes de la última remoción del radar?
- ¿Existen estadísticas que demuestren su efectividad en la reducción de accidentes?
- ¿Cómo se distribuye la recaudación de estas infracciones?
Asistencia en accidentes: un sistema que no se comparte
Más allá del debate sobre la finalidad del radar, un aspecto que genera preocupación es que, en caso de accidentes en estos tramos de la ruta, la asistencia recae principalmente en el Partido de La Costa. Son los bomberos voluntarios costeros quienes intervienen en los siniestros y los heridos suelen ser trasladados a los hospitales del distrito.
Sin embargo, ni la empresa concesionaria ni la Municipalidad de General Lavalle parecen aportar recursos para este sistema de emergencias, lo que refuerza la percepción de que mientras una jurisdicción brinda la mayor parte de los servicios, otra es la que recauda.
La reinstalación del radar en el kilómetro 341 vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad vial y la distribución de responsabilidades. Mientras las autoridades insisten en su importancia para el control de velocidad, las dudas sobre la transparencia en la gestión de estos dispositivos siguen sin respuesta.
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