La Municipalidad de Villa Gesell atraviesa una situación crítica. Esta semana, el gobierno local encabezado por el intendente Gustavo Barrera confirmó lo que muchos ya percibían desde hace meses: las arcas municipales no alcanzan, y la gestión decidió declarar la emergencia económica y administrativa.
La medida no es menor. Implica una alteración del orden habitual de pagos y compromisos del Estado municipal. Lo primero en quedar claro es que este mes solo cobrarán en fecha los empleados municipales de planta. El resto, es decir, el personal político y el Concejo Deliberante, fue dejado sin una fecha cierta de cobro. En otras palabras: no hay fondos suficientes para pagar todos los sueldos.
Más allá del anuncio formal, lo que preocupa es la falta de horizonte financiero. No se trata de un retraso técnico ni de un problema de calendario: es un reconocimiento explícito de que la Municipalidad ya no puede sostener su funcionamiento completo sin priorizar pagos.
En los papeles, se habla de “racionalizar recursos”. En la práctica, el municipio está admitiendo que no puede afrontar todas sus obligaciones y que algunos sectores —los de conducción política, en este caso— serán los primeros en quedar fuera del reparto.
El hecho de que la medida afecte a los cargos políticos puede interpretarse como un gesto hacia la planta permanente, que representa la base del funcionamiento estatal cotidiano.
El mensaje, aunque no lo digan abiertamente, es claro: el ajuste llegó y lo está aplicando la propia gestión local. Sin necesidad de intervención externa ni recorte nacional, el municipio tuvo que tomar decisiones drásticas para sostener lo mínimo.
¿Emergencia real o problema de gestión?
Lo cierto es que esta emergencia no cayó del cielo.
En los últimos años, el crecimiento del gasto político, la falta de reformas estructurales y la dependencia casi absoluta de ingresos estacionales dejaron a Villa Gesell en una posición extremadamente vulnerable. No hubo planificación a largo plazo ni mecanismos de contención ante una baja en la recaudación o aumento de costos operativos.
La emergencia, entonces, más que una sorpresa, es la consecuencia lógica de una gestión que estiró la manta hasta que dejó de cubrirle los pies.
La decisión de priorizar el pago a los trabajadores municipales busca sostener los servicios esenciales. Pero con una administración fiscal sin margen, sin previsión y con compromisos por encima de sus posibilidades, la pregunta inevitable es cuánto tiempo más se puede sostener esta lógica, sin garantías de que esto no vuelva a repetirse el mes que viene.