El Foro Nacional por la Discapacidad emitió un duro comunicado dirigido a los legisladores nacionales para alertar sobre la «situación de emergencia» que atraviesa el sector. Denuncian un desinterés sistemático del Gobierno Nacional que, bajo la premisa del equilibrio fiscal, busca trasladar la responsabilidad del apoyo a las personas con discapacidad desde el Estado hacia las familias. El documento subraya un retraso arancelario del 40% y una crítica cadena de pagos, donde organismos como PAMI e Incluir Salud presentan demoras que están provocando el cierre de instituciones y el endeudamiento de prestadores y trabajadores.
Entre los puntos más críticos, el Foro señala las dificultades en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) y la incertidumbre sobre la conversión de las pensiones no contributivas, que ahora enfrentan procesos de auditoría que generan inestabilidad en los beneficiarios. Asimismo, expresaron su preocupación por las declaraciones del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre posibles modificaciones legislativas orientadas al ajuste. Ante este escenario, el Foro insta a gobernadores e intendentes a asumir su responsabilidad federal en materia de salud, educación y accesibilidad para frenar el deterioro de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
Puntos clave:
- El «daño ya producido»: El comunicado es tajante al afirmar que la falta de actualización de aranceles frente a la inflación ya forzó el cierre de instituciones.
- Judicialización: Los funcionarios nacionales habrían sugerido a los prestadores que recurran a la justicia para fijar aranceles de 2025, lo que el sector ve como una falta de voluntad política.
- Llamado a las Provincias: El texto recuerda que la discapacidad no es solo un tema nacional, sino que las provincias y municipios deben garantizar la atención directa según la Constitución.