A 48 horas de su publicación en el boletín oficial, el Decreto 27 de 2018, llamado de “Desburocratización y simplificación” todavía es analizado por la oposición, que advierte un nuevo atropello de parte del presidente Mauricio Macri al Congreso, al eludir el debate parlamentario respecto de 19 leyes que deroga y otras 140 que modifica.
La normativa es polémica en más de un sentido. En primer lugar, está fechada al 10 de diciembre, cuando el Presidente vacacionaba en Villa La Angostura, con lo cual no falta quien se interroga sobre su validez. En segundo lugar, se publicó con el mayor hermetismo, sin anuncio oficial, como, se estimaría, correspondería a una norma de tal envergadura, que contiene 22 capítulos 192 artículos.
El abanico de temas que toca lo estrictamente económico, como el estratégico Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, a la letra chica de licitaciones, lavado, actividad financiera, seguridad vial, policía sanitaria y varios más, todas con idéntica miradA: la búsqueda de eliminar “regulaciones”, que son leídas por la administración de Cambiemos como “trabas burocráticas” para atraer inversiones.
Según enumeró el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Arias, el decreto modifica “diversas e importantes leyes de policía sanitaria, sociedades comerciales, registros públicos, fomento a la pequeña y mediana empresa, actividades portuarias, aviación civil, tránsito y seguridad vial, sistema métrico legal, marcas y patentes, energía, obras de arte, promoción del trabajo, administración de bienes del Estado, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, contrataciones del Estado (licitaciones), industria, seguros, Unidad de Información Financiera (UIF) y actividad financiera”.
Desde ATE advirtieron por algunos de los efectos del decreto. El Secretario General del Gremio, Hugo Godoy, aseguró que, por ejemplo, «permite al Fondo de Garantías y Sustentabilidad del ANSES atribuciones para crear fideicomisos financieros y operar con instrumentos dentro del mercado financiero».
Además, enumeró, deroga 50 normas del SENASA y transfiere actividades a manos privadas, con lo cual, señaló, «las empresas van a estar de los dos lados del mostrador», produciendo, vendiendo y, a la vez, controlando. Además, reveló que modifica la Ley 23.940 sobre el Registro Único de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). Cuando una empresa era sancionada pasaba a figurar en el Registro por entre 90 y 120 días. Eso actuaba como mecanismo de presión para que estas corrijan las violaciones al derecho laboral. Ese plazo se reduce a 30 días.
Otros ítems son el pase a mano de los bancos la decisión sobre embargos de cuentas sueldo, que hasta ahora estaba en manos de la justicia; se limita el derecho a huelga en el tráfico aéreo, se transfieren a la Agencia de Administración de Bienes del Estado cabezas de ganado y tierras, propiedad del Estado y las Fuerzas Armadas, entre otros.
En el Congreso, la oposición advirtió que buscará impugnar el DNU, a pesar de que previamente el Gobierno se hizo de una sólida mayoría en la comisión bicameral que se formó a esos efectos. El diputado kirchnerista Agustín Rossi reaccionó de inmediato: “vamos a proponerle a todos los bloques opositores la realización de una sesión especial para derogar el DNU”, adelantó desde Twitter
Como afecta a las Pyme
Por lo pronto, hoy se conoció que, en el marco de la medida dictada unilateralmente por Macri, la Secretaría de Comercio eliminó más de 300 posiciones arancelarias del sistema de control de Licencias No Automáticas para la importación de bienes con lo cual las PYME prevén «una verdadera invasión de productos importados».
Todo a pesar de que este año, la balanza comercial arrojó un rojo de más de 8 mil millones de dólares y de las consecuencias sobre el mundo de la producción y el empleo que tiene la política de apertura comercial de la administración Cambiemos.
«Esto significa menos trabajo para más empresas nacionales de rubros sensibles, que deben cerrar sus puertas o expulsar mano de obra» advirtieron desde APYME, y describieron el círculo vicioso que se inicia con «la caída de la demanda interna generada por el mayor desempleo y la política de salarios a la baja» que, advirtieron, «se refleja de modo directo en la disminución del poder adquisitivo de la población, con lo que caen las ventas de las Pymes, de las cuales más del 90 % dependen sólo del mercado interno».
Fuente: Infocielo
