La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó una denuncia contra el Estado nacional por considerar que los aumentos dispuestos en las tarifas de luz de las empresas Edenor y Edesur son “ilegales, irrazonables e inconstitucionales”.
“Un usuario que consume hasta 300 kw/h tuvo que pagar desde febrero de 2016 hasta hoy un aumento del 1.500%, lo que representa una situación de clara pobreza energética, donde las familias tienen que postergar otros gastos para abonar los servicios, algo que impacta con mayor fuerza en los sectores más vulnerables”, dijo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
