La resolución del Oceba de prohibir a las empresas distribuidoras y cooperativas de energía cobrar en la factura tasas municipales y cargos adicionales generó una fuerte polémica y reacciones de parte de intendentes que acudieron a la Justicia por entender que la medida afecta la autonomía.
El primero en reaccionar fue el intendente kirchnerista de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona. El jefe comunal presentó un recurso de amparo para que la Justicia frene la aplicación firmada por el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia.
Durañona avanzó contra lo que considera una “intempestiva resolución” que afecta la atuonomía, en relación a la medida, publicada el martes en el Boletín Oficial.
En concreto, el Oceba dispuso que las facturas a usuarios que emitan las cuatro empresas distribuidoras de energía eléctrica (Edelap, EDEN, EDES y EDEA) y las 200 cooperativas bajo su ámbito de control “no podrán incorporar conceptos ajenos a la prestación del servicio público ni conceptos adicionales”.
Las facturas, resolvió Oceba, “solo deberán contener conceptos tarifarios vinculados a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica”.
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