La sesión del Consejo de la Magistratura será en la localidad de Costa del Este el próximo martes 2 de noviembre a las 11.00, estará encabezada por el presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Sergio Torres, y demás consejeros del organismo.
A través de una invitación de la senadora provincial, Gabriela Demaría, representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Magistratura, el organismo llevará adelante su habitual reunión de los días martes de forma presencial y remota desde el Partido de La Costa.
Demaría, detalló que después de la pandemia hizo la propuesta que fue aceptada para la sesión del consejo en el Partido de la Costa y acotó que es una actividad muy relevante por la importancia del trabajo que realizan en una labor conjunta entre diferentes poderes, con un carácter consultivo y de selección de jueces.
Será la segunda vez que el Consejo de la Magistratura utiliza esta modalidad, ya que con motivo de celebrarse el Bicentenario de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, se realizó una sesión el pasado 5 de octubre en la ciudad de Luján.
Esta actividad forma parte de una iniciativa institucional, que tiene como misión recorrer los distintos Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos Aires, y escuchar las propuestas que de ellos emanan, partiendo del reconocimiento del pluralismo y la diversidad social en el marco de la igualdad democrática y tomando seriamente en consideración los cambios sociales y culturales.
El Consejo de la Magistratura, cuya creación surge de la reforma de la Constitución de la Provincia en 1994 y comenzó a funcionar en 1997, está compuesto por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jueces de las distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados en la Provincia. Asimismo, con carácter consultivo, lo integran jueces, abogados; y personalidades académicas especializadas.
La Constitución le asignó como función al Consejo seleccionar a los postulantes a jueces mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos de evaluación que privilegien la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.
