La debilidad del programa fiscal del Gobierno Nacional ha quedado expuesta con la reciente baja en los ingresos de la ARCA (ex AFIP), un punto que el propio ministro Luis Caputo ha reconocido como crítico. Un informe del diputado Guillermo Michel revela que, en el primer bimestre de 2026, la recaudación alcanzó los $34,56 billones, distribuyéndose un 37% para la Nación, un 32% para las provincias y un 27% para la Seguridad Social. Sin embargo, en términos reales, la recaudación se desplomó un 7,6% en enero y un 9,7% en febrero, lo que se tradujo en una pérdida de casi un billón de pesos en transferencias por coparticipación hacia las provincias.
Este escenario de asfixia financiera afecta principalmente a la Provincia de Buenos Aires (con una pérdida de $204.499 millones), seguida por Santa Fe y Córdoba. La gravedad de estas cifras complica cualquier intento del oficialismo por negociar con los gobernadores la eliminación o reducción del impuesto a los Ingresos Brutos. Al ser la principal fuente de recursos propios de los estados provinciales, resulta poco probable que los mandatarios acepten resignar este tributo —pese a ser considerado el más distorsivo de la economía— en un contexto de caída libre de los fondos coparticipables.