Un amplio arco de entidades empresarias que representan a la industria, el comercio y la construcción envió una dura carta abierta al Gobierno Nacional denunciando una política económica «abiertamente antiproductiva». Los firmantes, entre los que se encuentran APYME, CEEN y la Confederación Federal Pyme, alertan sobre la destrucción del mercado interno, la inaccesibilidad al crédito y el ingreso masivo de importaciones sin controles sanitarios ni de seguridad. Sostienen que, mientras sectores como la minería y la energía crecen, las pequeñas y medianas empresas enfrentan un deterioro irreversible de sus cadenas productivas.
En lo inmediato, el sector exige que el Congreso declare las emergencias productiva, cambiaria y social. El reclamo central apunta a «desenganchar» los precios internos de los internacionales, especialmente en combustibles y alimentos (trigo, harina, carne), mediante el uso de derechos de exportación diferenciados y la obligación de garantizar el abastecimiento local. Asimismo, piden que la Cámara de Diputados rechace la derogación de la Ley de Abastecimiento, calificando su anulación por decreto como una medida inconstitucional que deja desprotegidos a los consumidores frente a maniobras especulativas.
