Mientras en General Pueyrredon el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para regular el uso de celulares en las escuelas secundarias municipales, el debate deja una pregunta que trasciende a Mar del Plata y también interpela al Partido de La Costa: ¿la política está discutiendo los problemas de fondo o apenas administra sus consecuencias?
La norma establece que los estudiantes podrán concurrir con sus teléfonos a la escuela, pero su utilización durante la jornada quedará restringida y sólo podrá autorizarse cuando exista un objetivo pedagógico definido por el docente o por las normas de convivencia de cada establecimiento. No se trata de una prohibición absoluta, sino de una regulación que busca reducir las distracciones y mejorar el clima de aprendizaje.
La decisión parece razonable. Es innegable que el uso permanente del celular afecta la atención en clase y que las escuelas necesitan recuperar espacios de concentración y convivencia. Sin embargo, el tratamiento legislativo vuelve a poner sobre la mesa una sensación cada vez más extendida entre la sociedad: la política suele concentrarse en los efectos visibles de los problemas, pero pocas veces se anima a discutir las causas profundas.
El teléfono es, probablemente, la manifestación más evidente de un cambio cultural mucho más amplio. La sobreexposición a las pantallas, el consumo permanente de redes sociales, la pérdida de hábitos de lectura, las dificultades de atención, el impacto de la inteligencia artificial en la educación y la formación digital de docentes y familias son desafíos que exceden ampliamente una ordenanza municipal.
En el Partido de La Costa, donde miles de estudiantes concurren diariamente a escuelas públicas y privadas, el debate seguramente también llegará. Pero la oportunidad puede ser mucho más valiosa que simplemente decidir cuándo un alumno puede sacar el celular del bolsillo. Podría convertirse en una discusión abierta entre docentes, estudiantes, familias, especialistas y autoridades educativas sobre cómo educar a las nuevas generaciones en un mundo atravesado por la tecnología.
Porque una norma puede ordenar el funcionamiento de un aula, pero difícilmente alcance para resolver un fenómeno que ya modificó la forma en que los jóvenes aprenden, se relacionan y construyen conocimiento.
Allí aparece otro interrogante que interpela a la dirigencia política. ¿Cuántas de las leyes y ordenanzas que se aprueban nacen de un verdadero proceso de participación ciudadana? En demasiadas oportunidades, los debates legislativos parecen desarrollarse puertas adentro de los cuerpos deliberativos, mientras quienes conviven diariamente con esos problemas apenas observan el resultado final.
En tiempos en que la sociedad reclama mayor cercanía entre representantes y representados, quizás el desafío no sea solamente regular el uso de un dispositivo, sino encontrar nuevas formas de construir las políticas públicas. Escuchar más antes de legislar, incorporar las experiencias de quienes viven cada realidad y transformar las normas en respuestas compartidas, en lugar de soluciones diseñadas desde un escritorio.
La regulación del uso de celulares puede ser un paso positivo. Pero también deja una enseñanza: cuando la política se limita a maquillar los síntomas y no profundiza en las causas, corre el riesgo de ofrecer respuestas parciales a problemas que son mucho más complejos. Y esa, probablemente, sea una discusión que también merece darse en el Partido de La Costa.