El Gobierno utilizará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para ampliar el financiamiento destinado a la primera vivienda. Los créditos tendrán un plazo mínimo de 15 años y una tasa máxima de UVA + 7,5%. Pero el anuncio dejó además una curiosidad política: Luis Caputo defendió la medida apelando a la “justicia social”, una expresión históricamente cuestionada por Javier Milei.
El Gobierno nacional anunció un nuevo programa para intentar reactivar el crédito hipotecario y facilitar el acceso a la primera vivienda, en momentos en que conseguir financiamiento de largo plazo continúa siendo una de las principales dificultades para las familias argentinas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES pondrá hasta $2 billones a disposición del sistema financiero, mediante licitaciones de depósitos a plazo destinadas específicamente a fondear créditos hipotecarios.
La primera licitación está prevista para la próxima semana y será por $200.000 millones.
Cómo funcionarán los nuevos créditos
El mecanismo no significa que ANSES vaya a prestar directamente el dinero a las familias.
El FGS colocará fondos en entidades financieras y los bancos deberán destinarlos a créditos para compra, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.
Los préstamos que se otorguen con estos recursos deberán respetar condiciones determinadas: tasa máxima de UVA + 7,5%, plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA, cercano a los US$200.000 según los valores utilizados durante la presentación.
El Gobierno estima que los $2 billones podrían generar soluciones habitacionales para aproximadamente 17.000 a 18.000 familias.
Hay, sin embargo, una barrera que seguirá siendo determinante: los ingresos necesarios para calificar.
En uno de los ejemplos oficiales, para una propiedad de aproximadamente US$106.000 financiada al 75% y a 25 años, se calculó una cuota inicial cercana a $865.000, que requeriría ingresos familiares netos de alrededor de $3,46 millones mensuales.
Por eso, aunque el programa amplíe la disponibilidad de fondos, el acceso efectivo seguirá dependiendo de la capacidad económica y crediticia de cada familia.
Caputo descubrió la “justicia social”
Pero el anuncio económico dejó también una perlita política.
Al explicar por qué el Gobierno considera prioritario recuperar el crédito hipotecario, Caputo afirmó que facilitar el acceso a la vivienda “hace a la justicia social”, porque consideró justo que una persona que trabaja pueda comprar una casa sin necesitar décadas para reunir el dinero.
La elección de las palabras no pasó inadvertida.
No porque resulte extraño vincular vivienda y justicia social, sino porque proviene de uno de los principales ministros de Javier Milei, quien convirtió precisamente el cuestionamiento al concepto de “justicia social” en una de sus marcas discursivas.
La paradoja es interesante: el Gobierno que llegó cuestionando buena parte del vocabulario tradicional de las políticas sociales ahora necesita explicar una intervención del FGS destinada a facilitar el acceso a la vivienda y su ministro de Economía encontró pocas expresiones más contundentes para defenderla que aquella que tantas veces rechazó el propio mileísmo.
Del discurso a la posibilidad real de comprar una casa
Más allá de las palabras, la verdadera prueba estará en los bancos.
El programa busca resolver el problema que enfrentan las entidades financieras cuando captan depósitos a muy corto plazo pero deben financiar hipotecas durante 15, 20 o 25 años. El FGS aportará justamente ese fondeo de mayor duración.
Después llegará la discusión más concreta: cuántas familias podrán cumplir los requisitos, qué bancos participarán, qué tasas ofrecerán realmente y cuánto representará la cuota frente al ingreso familiar.
Caputo calcula que el programa podría alcanzar a unas 18.000 familias.
No solucionará el déficit habitacional argentino, pero puede devolver movimiento a un mercado hipotecario que durante 2026 volvió a perder impulso: en lo que va del año se otorgaron 39% menos préstamos que durante el mismo período de 2025.
Y dejó, además, una pequeña ironía política.
Después de tantas discusiones ideológicas alrededor del concepto, la “justicia social” terminó apareciendo en el Palacio de Hacienda. Y esta vez no la pronunció un peronista: la utilizó Luis Caputo para explicar una política del gobierno de Javier Milei.