El Senado bonaerense dio media sanción a una iniciativa que busca asegurar que las personas mayores de 60 años puedan realizar gestiones de manera presencial, sin depender exclusivamente de plataformas digitales.
La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley que busca garantizar la atención presencial a los adultos mayores de 60 años en organismos públicos y determinados prestadores de servicios.
La iniciativa, impulsada por la senadora radical Natalia Quintana, tiene como objetivo evitar que la digitalización de los trámites se convierta en una barrera para quienes necesitan o prefieren realizar sus gestiones de manera presencial.
Atención presencial como alternativa a los trámites digitales
El proyecto establece que los organismos alcanzados por la normativa no podrán exigir el uso exclusivo de plataformas digitales para acceder a determinados trámites y servicios.
De esta manera, se busca que los adultos mayores tengan la posibilidad de recibir atención personalizada, sin que el manejo de herramientas tecnológicas sea una condición indispensable.
La propuesta también contempla la asistencia para solicitar turnos, completar formularios y presentar la documentación necesaria para realizar distintas gestiones.
Una iniciativa frente al avance de la digitalización
En los últimos años, numerosos trámites administrativos y servicios comenzaron a realizarse principalmente a través de internet, aplicaciones y sistemas de turnos digitales.
Si bien estas herramientas permiten agilizar procedimientos, también pueden representar dificultades para personas que no cuentan con acceso a internet, dispositivos adecuados o conocimientos suficientes para utilizarlas.
En ese contexto, el proyecto propone mantener canales de atención presencial para facilitar el acceso de los adultos mayores a los servicios alcanzados por la iniciativa.
El proyecto todavía no es ley
Aunque la propuesta obtuvo media sanción en el Senado bonaerense, todavía debe completar su tratamiento legislativo para convertirse en ley.
Por lo tanto, las disposiciones previstas en la iniciativa aún no constituyen una obligación legal vigente derivada de este proyecto.