La Escuela de Gobierno de la Universidad Austral distinguió la tesis de Alejo Martín Bonfiglio, magíster en Políticas Públicas por la Universidad Austral, quien diseñó un programa de despliegue de fuerzas de seguridad destinado a combatir la inseguridad en Rosario. Impulsada por la situación en esta ciudad, la tasa de homicidios de la provincia de Santa Fe duplica la tasa nacional. En paralelo, el presupuesto de seguridad provincial aprobado por la legislatura es considerablemente menor a otras provincias que tienen tasas de homicidios más bajas.
Rosario ha registrado en los últimos años la tasa de homicidios más alta de la provincia de Santa Fe y del país. Los homicidios registrados en el año 2021, de hecho, casi cuadruplican la media nacional.
Desde el 2014, los despliegues de las fuerzas de seguridad y policiales federales en la provincia de Santa Fe han sido la herramienta elegida por las distintas administraciones nacionales para enfrentar la inseguridad. Pero el envío de efectivos no ha dado los resultados esperados.
Para Alejo Martín Bonfiglio, comandante de la Gendarmería, esta medida debería enmarcarse en un plan estratégico más amplio, “que involucre a todos los niveles de gobierno”. Bonfiglio, que es técnico superior en seguridad pública, licenciado en relaciones internacionales y especialista en inteligencia estratégica, elaboró una tesis para la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Austral sobre el despliegue de fuerzas de seguridad en Santa Fe. Su investigación, de tipo exploratoria y descriptiva, se complementa con una propuesta de política pública de seguridad.
“Analizamos los acuerdos y convenios entre los distintos niveles de gobierno que establecieron el marco para los despliegues, y elaboramos un programa que incluye la transferencia de capacidades al Gobierno provincial y el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana”, explica.
Bonfiglio cuestiona que temas claves como la reforma policial, la ampliación de las capacidades de la Justicia y de los respectivos ministerios públicos fiscales, el aumento de las plazas carcelarias, el incremento presupuestario destinado a seguridad, la modificación al régimen penal juvenil e inclusive cómo el Estado, desde sus respectivos niveles de gobierno, planifica recobrar su lugar perdido y cooptado por organizaciones delictivas, no figuran en ninguno de los compromisos suscriptos entre el gobierno provincial y el nacional.
Tampoco hubo objetivos cuantificables y verificables para reducir los índices de victimización, ni metas respecto a la sensación de inseguridad. Luego de la finalización de cada ciclo de despliegue de efectivos, no se realizaron análisis de impacto, ni evaluaciones concretas.
