La detención de un cuidador acusado de maltratar a dos residentes de un geriátrico marplatense volvió a poner el foco sobre los controles en los establecimientos para adultos mayores. El problema no termina en un caso de violencia: también existen residencias que funcionan sin habilitación y en condiciones que pueden poner en riesgo a quienes viven allí.
El caso del geriátrico “David”, en Mar del Plata, volvió a poner en primer plano una pregunta incómoda: ¿quién controla las condiciones en las que viven los adultos mayores que necesitan una residencia permanente?
La causa judicial avanzó luego de que se conocieran imágenes en las que un cuidador agredía y maltrataba a dos residentes. Nicolás Gastón Cichero, de 37 años, permanece detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán después de que la Justicia rechazara el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
El juez de Garantías Daniel De Marco consideró que existían riesgos que justificaban mantener la detención mientras continúa la investigación. Cichero está imputado por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.
Los hechos investigados ocurrieron el 27 de julio en el centro de adultos mayores ubicado sobre Rivadavia al 4000. Las cámaras del establecimiento registraron parte de las agresiones. Según consta en la causa, una de las mujeres habría sufrido lesiones que incluyeron la pérdida de piezas dentales.
El Ministerio de Salud bonaerense, además, dispuso la clausura preventiva del establecimiento por irregularidades administrativas vinculadas con su habilitación.
Pero el caso abre una discusión que va bastante más allá de lo ocurrido en ese geriátrico.
Cuando el problema es que el geriátrico ni siquiera debería estar funcionando
Los establecimientos para adultos mayores necesitan cumplir una serie de condiciones para funcionar legalmente. No se trata solamente de tener camas disponibles: están en juego la infraestructura, la higiene, la alimentación, la seguridad, el personal y las condiciones de atención de personas que muchas veces tienen distintos niveles de dependencia.
Cuando un lugar funciona sin habilitación, el problema aparece antes de cualquier hecho policial: ¿cómo se controla aquello que formalmente no debería estar funcionando?
La existencia de geriátricos clandestinos no es un fenómeno exclusivo de una ciudad.
Un caso ocurrido en Santa Fe muestra hasta dónde puede llegar la situación. En 2019, un establecimiento clandestino de Fray Luis Beltrán fue clausurado después de que las autoridades encontraran a 14 adultos mayores hacinados, sin atención médica y con casos de sarna. Según las autoridades de entonces, algunos residentes presentaban golpes y no había camas suficientes; incluso se informó que uno de los adultos mayores dormía sobre una mesa.
El dato más preocupante era que el lugar no aparecía como un episodio aislado: según las autoridades, quienes lo administraban ya habían sido desalojados previamente de otras dos localidades.
Un problema que sigue apareciendo
El paso de los años no eliminó el problema.
En abril de este año, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia clausuró un geriátrico que funcionaba sin habilitación municipal ni provincial. Allí residían 11 personas mayores, que fueron encontradas en buen estado de salud, según informó el municipio.
El dato permite distinguir dos situaciones diferentes que muchas veces terminan mezclándose: por un lado están los establecimientos habilitados que pueden registrar hechos de violencia o incumplimientos y deben responder ante los organismos de control; por otro, están los lugares que directamente funcionan fuera del sistema de habilitación.
En ambos casos, la cuestión central es la misma: garantizar que una persona mayor no quede expuesta a situaciones de abandono, violencia o falta de atención.
El control también es una responsabilidad del Estado
El caso de Mar del Plata obliga a mirar qué ocurre dentro de las residencias, pero también cómo funcionan los mecanismos de supervisión.
Una residencia puede tener habilitación y, aun así, producirse un hecho delictivo dentro de sus instalaciones. Ningún sistema de inspección puede garantizar que un delito nunca ocurra.
Pero la habilitación y los controles sí deberían permitir detectar problemas de infraestructura, falta de personal, condiciones sanitarias deficientes, irregularidades administrativas o cualquier otra situación que pueda afectar a los residentes.
La propia existencia de residencias clandestinas agrega una dificultad: si no están registradas, el control se vuelve más difícil y muchas veces aparece recién cuando un vecino, un familiar o un trabajador denuncia lo que está ocurriendo.
Una responsabilidad que también alcanza a las familias
Para las familias, elegir un lugar donde internar a un padre, una madre o un abuelo suele ser una de las decisiones más difíciles.
Por eso, además de los controles estatales, resulta importante conocer si la residencia está habilitada, quiénes están a cargo, qué personal trabaja allí, cuáles son las condiciones de atención y cómo se responde ante una emergencia.
La regulación no es un trámite burocrático. En un geriátrico viven personas que pueden necesitar asistencia para comer, movilizarse, higienizarse o tomar su medicación. Por eso, cualquier falla puede tener consecuencias mucho más graves que en otro tipo de establecimiento.
El caso de Mar del Plata puso el tema nuevamente sobre la mesa. La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades individuales por las agresiones denunciadas. Pero, al mismo tiempo, la discusión sobre los geriátricos clandestinos plantea una pregunta más amplia: cuántos establecimientos funcionan por fuera de los controles y qué mecanismos existen para detectarlos antes de que ocurra una situación grave.
Para una sociedad que envejece, garantizar que los adultos mayores puedan vivir sus últimos años con dignidad no debería ser solamente una cuestión familiar. También es una responsabilidad de las instituciones, de quienes administran las residencias y de un Estado que debe controlar que las condiciones mínimas se cumplan.