Organizaciones de la sociedad civil y sociedades científicas alertan a periodistas y autoridades sobre una estrategia en curso en nuestro país, destinada a presentar los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina como una innovación beneficiosa para la salud pública.
La advertencia se produce ante una serie de discursos y eventos públicos orientados a instalar la narrativa de que la reciente Resolución N° 549/2026 del Ministerio de Salud representa el abandono de una política prohibicionista supuestamente “fallida” y la transición hacia un “mercado regulado, con registro, control de calidad, trazabilidad y supervisión estatal efectiva”, presentando además el cambio argentino como un modelo para otros países de la región.
Agudiza esta situación la participación de un alto funcionario del Ministerio de Salud de la Nación en uno de estos encuentros, dedicado a defender la reciente apertura regulatoria y a promover estos productos como herramientas de “reducción de daño” frente al tabaquismo. Esto podría configurarse formalmente como un conflicto de intereses en el que funcionarios participan de un evento de financiación no transparente y que se alinea con los objetivos de la industria tabacalera.
Según lo publicado en medios de comunicación, durante el evento se ponderó la nueva normativa por las herramientas que brindaría al Estado para “regular, controlar su calidad y limitar su acceso a los sectores jóvenes”. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con el hecho de que los principales mecanismos previstos para garantizar el registro, la trazabilidad y la fiscalización todavía no se encuentran operativos.
Resulta especialmente preocupante esta disposición de la autoridad sanitaria a participar en espacios de estas características mientras las organizaciones de la sociedad civil y asociaciones médicas históricamente comprometidas con la salud pública y el control del tabaco vienen reclamando instancias de diálogo sin obtener una respuesta equivalente. Tampoco se ha convocado desde hace más de un año a la Comisión Nacional de Coordinación para el Control del Tabaco. Esta asimetría resulta difícil de conciliar con los estándares internacionales y nacionales de integridad de las políticas de control del tabaco, que recomiendan protegerlas frente a los intereses comerciales de la industria y asegurar la transparencia de las interacciones que puedan influir sobre ellas.
Las organizaciones señalaron que quienes intervienen en el debate sobre políticas públicas deben transparentar sus vínculos institucionales y potenciales conflictos de interés para que sus posiciones puedan ser evaluadas adecuadamente. Esto resulta relevante porque el uso de terceros, organizaciones aliadas a la industria y grupos presentados como independientes para influir sobre el debate público, debilitar políticas de control y favorecer entornos regulatorios más laxos, forma parte de las estrategias de interferencia corporativa documentadas durante décadas en el control del tabaco.
Es así que la existencia de comercio ilegal evidencia, ante todo, problemas de fiscalización; no demuestra que abrir el mercado produzca beneficios para la salud pública.
Por el contrario, las organizaciones firmantes señalaron que el estado actual de las políticas de control de tabaco y nicotina en Argentina es severamente deficitario. La decisión de habilitar la comercialización de cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina sin una fundamentación sanitaria sólida que demostrara un beneficio para la salud de la población fue acompañada de una serie de regulaciones sobre composición, envases, registro y autorizaciones sanitarias cuya implementación continúa pendiente.
Las prohibiciones se derogaron antes de que los nuevos controles estuvieran plenamente operativos
En particular, la Resolución N° 549/2026 creó el Registro de Productos de Tabaco y Nicotina (RPTN). Se estableció, por medio de este acto, que todos los interesados en comercializar estos productos en el país deberán hacerlo una vez que los hayan inscripto y recibido la correspondiente autorización. Al día de la fecha, no solo el registro no está vigente, sino que en julio la Resolución N° 796/2026 prorrogó por hasta 180 días el plazo de implementación previsto.
Mientras tanto, en puntos de venta relevados recientemente en la Ciudad de Buenos Aires se encontraron cigarrillos electrónicos exhibidos abiertamente sin número de registro visible, y las bolsas de nicotina que comenzaron a circular a fines de 2025 continúan comercializándose con las presentaciones y mensajes con los que ingresaron al mercado, incumpliendo normas de información al público y la prohibición de publicidad y promoción que continúa vigente desde entonces.
La nueva normativa reconoce que estos productos contienen nicotina y establece, a diferencia de los demás productos de tabaco, una única advertencia sanitaria obligatoria: “Este producto contiene nicotina, que es altamente adictiva”, como si no tuviera otros riesgos. También establece algunas restricciones de composición, sabores, publicidad y comercialización destinadas a proteger especialmente a menores.
El objetivo comercial ya se está cumpliendo; el objetivo sanitario todavía no se ve.
Su exhibición cotidiana junto a golosinas, bebidas y otros productos de consumo masivo contribuye, por el contrario, a normalizar el consumo de nicotina entre niños y adolescentes. Estos productos no son inocuos: producen dependencia y, en el caso de los cigarrillos electrónicos, implican la inhalación pulmonar repetida de aerosoles muy peligrosos.
La situación actual de las políticas de control del tabaco está lejos de constituir un ejemplo. A la decisión insuficientemente justificada de habilitar la comercialización de estos nuevos productos, se suma la hasta ahora nula implementación de los mecanismos que supuestamente garantizarían su “trazabilidad y control”. Mientras esos mecanismos no están plenamente operativos, los productos ya se encuentran ampliamente visibles y disponibles en puntos de venta.
Por todo lo expuesto, las organizaciones llaman la atención sobre la circulación de discursos celebratorios cuyas miradas son coincidentes con las de la industria tabacalera. Recordamos, asimismo, que una de las tácticas históricas de estas empresas ha sido el financiamiento de grupos que puedan defender sus intereses en el debate público, atento al hecho de la conciencia social del daño que sus negocios generan en nuestras comunidades.
La existencia de relaciones institucionales o potenciales conflictos de interés hace indispensable la transparencia para poder evaluar adecuadamente quién participa en el debate y desde qué intereses. Urgimos, finalmente, tanto a medios como a tomadores de decisiones a privilegiar, a la hora de discutir y evaluar políticas públicas, la evidencia científica libre de conflictos de interés, las recomendaciones internacionales provenientes de organismos sanitarios globalmente reconocidos y la voz de organizaciones de la sociedad civil con probado y sostenido recorrido en la defensa del derecho a la salud.