La suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió una fuerte disputa política en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza anunció que buscará el juicio político de la jueza Marta Pascual, el PRO reclama adecuaciones legislativas y Sergio Berni sumó una advertencia incómoda para ambos lados: bajar la edad de imputabilidad sin recursos para sostener el nuevo sistema puede terminar agravando el problema.
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, dejó en suspenso durante 60 días la aplicación en territorio bonaerense de la Ley Nacional 27.801, que estableció el nuevo Régimen Penal Juvenil y redujo a 14 años la edad de imputabilidad. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo y fundamentó la medida, entre otros puntos, en la falta de infraestructura, lugares de alojamiento y personal especializado para incorporar al sistema a adolescentes de 14 y 15 años. La resolución es cautelar: no declaró la inconstitucionalidad ni derogó la ley nacional.
La Libertad Avanza va contra la jueza
La reacción política más fuerte llegó desde La Libertad Avanza bonaerense. Sebastián Pareja anunció que el espacio impulsará un pedido de juicio político contra Pascual y que sus equipos técnicos y políticos trabajan para definir el mecanismo de presentación.
Para los libertarios, la resolución interfiere con una norma sancionada por el Congreso y prolonga una situación de impunidad frente a delitos cometidos por menores. El presidente del bloque de LLA en Diputados bonaerenses, Juan Osaba, también calificó la resolución como un “fallo político”.
La ofensiva eleva considerablemente la temperatura de una discusión que inicialmente parecía concentrada en la aplicación de la nueva legislación. Ahora ya no se discute solamente qué hacer con los menores que delinquen: también está en discusión la actuación de la jueza que decidió frenar temporalmente el nuevo sistema.
El PRO quiere modificar las leyes bonaerenses
El PRO, en cambio, volvió a poner sobre la mesa una discusión que había comenzado meses atrás: adecuar la legislación provincial al nuevo régimen aprobado por el Congreso.
El bloque había presentado en abril un proyecto para modificar el sistema bonaerense de responsabilidad penal juvenil y compatibilizarlo con la Ley 27.801. Posteriormente, Guillermo Montenegro impulsó reformas vinculadas con el Código Procesal Penal provincial y la ejecución de las penas juveniles. Tras el fallo de Pascual, esas iniciativas recuperaron protagonismo.
A eso se sumó un pedido de informes del senador del PRO Pablo Petrecca, dirigido al gobierno de Axel Kicillof para conocer la capacidad actual de alojamiento de menores, las obras previstas, las vacantes judiciales y el presupuesto disponible para implementar el régimen durante los próximos 60 días.
La discusión legislativa empieza así a correr el eje: si la ley nacional existe, la Provincia deberá determinar qué cambios necesita hacer para poder aplicarla efectivamente.
Berni mete el dedo en una de las principales heridas
En medio de la confrontación apareció una posición particularmente interesante por provenir del propio peronismo bonaerense.
El senador provincial y exministro de Seguridad Sergio Berni se manifestó a favor de bajar la edad de imputabilidad, una postura que sostiene desde hace años, pero cuestionó duramente la forma en que se pretende implementar el nuevo régimen.
“Bajar la edad sin presupuesto para resocializar no sirve de nada”, sostuvo Berni, quien reclamó recursos para infraestructura, herramientas pedagógicas, psicoterapeutas y equipos profesionales. También advirtió sobre las dificultades que ya atraviesan los institutos bonaerenses y el riesgo de incorporar más jóvenes sin fortalecer previamente el sistema.
Su planteo introduce una discusión que atraviesa las posiciones partidarias.
Porque se puede estar de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad y, al mismo tiempo, preguntar dónde serán alojados esos adolescentes, quién los atenderá, qué juzgados intervendrán y con qué presupuesto funcionará el nuevo esquema.
Una pelea política y un problema concreto
La discusión tiene todos los ingredientes para transformarse en una nueva batalla entre Nación y Provincia.
Para La Libertad Avanza, la prioridad pasa por aplicar una ley nacional que endurece la respuesta frente a delitos cometidos por menores. Para el Gobierno bonaerense y otros sectores, la implementación necesita infraestructura y recursos que hoy consideran insuficientes. El PRO presiona para adaptar la normativa provincial y Berni introduce una posición intermedia: bajar la edad, sí; hacerlo sin recursos, no.
Pero detrás de la discusión política queda una pregunta bastante menos ideológica.
¿Está preparada la provincia de Buenos Aires para incorporar al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años?
Los próximos 60 días deberían servir para responderla.
Porque cuando termine la suspensión cautelar no alcanzará con saber quién ganó la discusión política. Habrá que saber si existen establecimientos adecuados, profesionales, jueces, fiscales y presupuesto suficiente para aplicar una legislación que cambia profundamente el tratamiento penal de los menores.
El Régimen Penal Juvenil dejó así de ser solamente una discusión sobre la edad de imputabilidad.
Ahora también es una discusión sobre Justicia, seguridad, presupuesto y capacidad del Estado.
Y en la provincia de Buenos Aires, la pelea recién empieza.