El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata planteó reparos ante el debate por una posible desregulación de la actividad. La entidad sostiene que no se trata solamente de eliminar una matrícula, sino de definir quién controla, quién responde y qué respaldo tendrá una persona ante una operación inmobiliaria.
El debate sobre la posible desregulación de los colegios profesionales volvió a poner en discusión el funcionamiento de la actividad inmobiliaria y, especialmente, el nivel de protección que tienen quienes compran, venden o alquilan una propiedad.
Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos – Departamento Judicial Mar del Plata advirtieron que cualquier modificación del sistema debería analizarse no solo desde la óptica de la libertad de ejercicio profesional, sino también teniendo en cuenta qué herramientas de control y respaldo conservarán los ciudadanos.
“Desregular la actividad no da más libertad, deja al ciudadano negociando solo, sin nadie que responda si algo sale mal”, señalaron desde la institución.
Qué está en discusión
Para el Colegio, el debate excede la eventual eliminación de una matrícula profesional.
Actualmente, la matriculación, el control del ejercicio de la actividad, la responsabilidad profesional y los mecanismos disciplinarios forman parte del esquema que regula el trabajo de martilleros y corredores públicos.
La entidad sostiene que esos instrumentos permiten establecer responsabilidades ante eventuales irregularidades y brindan un marco de mayor seguridad para las personas que realizan operaciones inmobiliarias.
Comprar, vender o alquilar implica mucho más que negociar un precio
Una operación inmobiliaria puede involucrar la verificación de títulos, antecedentes, deudas, documentación, información catastral y distintas condiciones jurídicas que deben ser revisadas antes de concretar una compraventa o un alquiler.
Por ese motivo, desde el Colegio plantearon que cualquier cambio regulatorio debería contemplar qué ocurriría ante un problema y quién asumiría la responsabilidad frente al consumidor.
“La discusión no es solamente sobre una matrícula. Es sobre quién controla, quién responde y qué respaldo tiene una persona cuando realiza una operación que compromete una parte importante de su patrimonio”, remarcaron.
Un debate que también alcanza al mercado inmobiliario de la Costa
La discusión resulta especialmente relevante para distritos turísticos como el Partido de La Costa, donde las operaciones de compraventa, alquiler permanente y alquiler temporario forman una parte importante de la actividad económica.
La eventual modificación del esquema de matriculación y control profesional podría generar cambios en la forma en que se realizan esas operaciones y en las responsabilidades de quienes intervienen.
Desde el Colegio de Martilleros de Mar del Plata anticiparon que continuarán participando del debate público y planteando la necesidad de mantener mecanismos de responsabilidad profesional, transparencia y protección para quienes realizan operaciones inmobiliarias.
