Un informe de Zentrix Consultora sostiene que el Presupuesto 2027 contempla recursos suficientes para financiar la Ley de Financiamiento Universitario. Según el estudio, existen $5,93 billones sin asignación específica que podrían destinarse a las universidades nacionales sin incrementar el gasto público previsto.
El debate por el financiamiento de las universidades públicas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional. Mientras continúa la disputa judicial por la aplicación de la Ley 27.795, un nuevo informe de Zentrix Consultora plantea que el Gobierno nacional cuenta con los recursos necesarios para cumplir la normativa sin comprometer el equilibrio fiscal.
De acuerdo con el estudio, implementar la ley durante 2027 demandaría entre $2 y $3,65 billones, dependiendo de los conceptos incluidos en el cálculo. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional contempla $5,93 billones sin una asignación específica dentro de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro.
La conclusión del análisis es que esos recursos ya forman parte de las erogaciones previstas oficialmente. Por lo tanto, su utilización para financiar las universidades no implicaría aumentar el gasto público ni modificar el resultado fiscal proyectado.
Una ley vigente que continúa en disputa
La Ley de Financiamiento Universitario fue ratificada por el Congreso en octubre de 2025, cuando ambas cámaras lograron reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial.
Aunque posteriormente fue promulgada, el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, argumentando que la normativa no establecía una fuente concreta de financiamiento.
La decisión dio lugar a una serie de presentaciones judiciales. En ese contexto, la Justicia ordenó avanzar con la recomposición salarial y la actualización de las becas universitarias.
Posteriormente, el 6 de octubre de 2026, un juzgado federal dispuso la aplicación integral de la ley. Sin embargo, el Ejecutivo apeló esa resolución, por lo que el conflicto permanece abierto.
¿Cuánto dinero necesitan las universidades?
El informe de Zentrix toma como punto de partida los $7,35 billones que el artículo 12 del proyecto de Presupuesto 2027 asigna a las universidades nacionales.
A partir de esa cifra, calcula distintos escenarios de financiamiento.
Para cumplir con la recomposición salarial y la actualización de becas, el costo adicional rondaría los $2 billones durante 2027.
En cambio, aplicar la totalidad de la ley, incluyendo gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, investigación científica y actividades de extensión, demandaría entre $2,45 y $3,65 billones.
Según las estimaciones de la consultora, esos montos representarían entre el 1% y el 1,8% del gasto total previsto para el próximo año, y entre el 0,14% y el 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI).
Los $5,93 billones que podrían financiar la ley
Uno de los puntos centrales del estudio está relacionado con la distribución de los recursos nacionales.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un fuerte incremento en la partida de Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasaría de $5,6 a $14,8 billones.
Dentro de ese monto, unos $7,68 billones aparecen identificados como «otras asistencias financieras», sin que se establezca previamente un destinatario específico.
Zentrix descontó de esa cifra los recursos previstos para aumentos salariales de la Administración Nacional y los fondos ya destinados a universidades.
El resultado es un margen de $5,93 billones que podría ser reasignado durante el ejercicio presupuestario.
Incluso en el escenario de mayor costo, la aplicación completa de la Ley de Financiamiento Universitario absorbería como máximo el 62% de esos recursos.
¿Es posible financiar las universidades sin generar déficit?
Según la consultora, la respuesta es afirmativa.
El argumento principal es que no sería necesario incorporar nuevas erogaciones, sino modificar el destino de partidas que ya están incluidas en el Presupuesto 2027.
En ese sentido, el estudio señala que la Ley de Administración Financiera 24.156 permite realizar determinadas reestructuraciones presupuestarias dentro de los límites establecidos.
Además, sostiene que el propio proyecto de presupuesto contempla herramientas para que el Poder Ejecutivo pueda reasignar fondos durante el año.
De esta manera, financiar la ley universitaria no alteraría el resultado fiscal previsto, aunque sí reduciría el margen de decisión del Gobierno sobre el destino de esos recursos.
El informe también plantea una alternativa legislativa: que el Congreso incorpore expresamente las partidas correspondientes al momento de debatir el Presupuesto 2027.
Esto permitiría, según el análisis, superar el argumento legal utilizado por el Ejecutivo para suspender la aplicación de la norma.
Salarios deteriorados y renuncias docentes
Más allá de la discusión presupuestaria, el informe advierte sobre las consecuencias que viene atravesando el sistema universitario.
Actualmente, alrededor del 90% de los recursos de las universidades nacionales se destina al pago de salarios, por lo que la pérdida frente a la inflación impacta directamente en docentes y trabajadores no docentes.
Según los datos reunidos por Zentrix, aunque el acuerdo salarial alcanzado en junio permitió interrumpir un período prolongado de deterioro, los salarios reales todavía se encuentran un 22% por debajo de los niveles de noviembre de 2023.
El estudio también cita información del Consejo Interuniversitario Nacional, según la cual alrededor de 10.000 docentes renunciaron durante ese período.
A esta situación se suma el retroceso en los recursos para investigación: durante 2025, la ejecución real destinada a ciencia y técnica universitaria representó apenas el 38% de la registrada en 2023.
El Presupuesto 2027 abre un nuevo conflicto
El análisis advierte que el artículo 12 del proyecto presupuestario podría generar nuevas controversias.
Mientras esa disposición establece un crédito determinado para las universidades y toma como referencia las plantas de personal de noviembre de 2026, la Ley 27.795 contempla negociaciones paritarias con intervalos no superiores a tres meses y actualizaciones salariales que no pueden quedar por debajo de la inflación.
En ese escenario, si la inflación real supera las previsiones oficiales, podrían aparecer nuevas necesidades de financiamiento.
Zentrix estima que por cada cinco puntos porcentuales de inflación adicional se produciría un faltante cercano a $320.000 millones.
El estudio sostiene que la aprobación del presupuesto no eliminaría por sí misma las obligaciones establecidas por la legislación universitaria vigente, por lo que el conflicto podría continuar durante 2027.
Una definición política y judicial
El futuro del financiamiento universitario tendrá dos ámbitos decisivos: la Justicia, donde deberá resolverse la apelación presentada por el Gobierno, y el Congreso de la Nación, que analizará el proyecto de Presupuesto 2027.
Para Zentrix Consultora, la discusión no pasa únicamente por la disponibilidad de dinero, sino también por la decisión de asignar los recursos existentes al cumplimiento de la ley.
En definitiva, el informe plantea que garantizar el financiamiento de las universidades públicas y sostener el equilibrio fiscal no son objetivos necesariamente incompatibles, siempre que se priorice la reasignación de partidas ya contempladas en el presupuesto nacional.
Fuente: Zentrix Consultora. Análisis de la Ley 27.795 y del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, con información actualizada al 13 de octubre de 2026.