La nueva normativa entraba en vigencia el 1° de marzo próximo. La decisión implica la modificación de varios artículos de la Ley 27.063. Ahora quedará en manos de la Comisión Bicameral su puesta en funciones.
La suspensión entrará en vigencia de acuerdo con el «cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación, previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura», consigna el artículo 1° del DNU.
En otro de sus artículos, el decreto indica que se establecerá un Plan Progresivo de Asignación de Recursos para el Ministerio Público Fiscal que estará integrado por representantes de esa cartera, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo código y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
