Cristina Fernández de Kirchner decidió llevar su condena en la causa Vialidad al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), donde buscará que se analice si durante el proceso judicial se respetaron las garantías establecidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ofensiva internacional fue acompañada por la publicación de una carta abierta de la expresidenta en algunos de los principales diarios de España, Francia y Brasil.
El texto, titulado «En defensa de los derechos fundamentales y de la democracia», apareció este miércoles en El País de España, Libération de Francia y Folha de S.Paulo de Brasil. Allí, Cristina Kirchner defendió su inocencia, cuestionó la actuación de la Justicia argentina y planteó que su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye una «proscripción» que afecta no sólo sus derechos políticos sino también los de los ciudadanos que quieran elegirla como representante.
«La democracia no se agota en la realización periódica de elecciones», planteó la exmandataria al comienzo de su carta, donde sostuvo que las instituciones deben garantizar que «la voluntad popular pueda manifestarse libremente». En ese marco, advirtió que cuando el Poder Judicial interviene en la disputa política se produce un deterioro del funcionamiento democrático.
Cristina Kirchner lleva la causa Vialidad ante la ONU
La presentación será realizada mediante una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un organismo integrado por 18 expertos independientes que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La estrategia apunta a que el organismo internacional examine la actuación del sistema judicial argentino durante el proceso que terminó con la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
«No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales», explicó Cristina Kirchner. Según planteó, el objetivo es someter su juzgamiento al análisis del derecho internacional de los derechos humanos para determinar si fueron respetadas las garantías contempladas en el tratado internacional, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina.
Para esta nueva etapa, la defensa de la expresidenta incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, especialista en derecho constitucional y derechos humanos y vinculado al equipo jurídico del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. También participará Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos trabajarán junto al abogado Alberto Beraldi.
La presentación deberá superar primero un examen de admisibilidad. En caso de avanzar, el Comité podrá solicitar información al Estado argentino antes de pronunciarse sobre el fondo del planteo. Sus decisiones no funcionan como sentencias de un tribunal argentino ni pueden revocar directamente la condena, sino que el organismo formula dictámenes y recomendaciones en el marco de los compromisos internacionales asumidos por los Estados.
La carta de Cristina Kirchner publicada en diarios internacionales
La presentación judicial estuvo acompañada por una estrategia de difusión internacional. La carta firmada por Cristina Kirchner fue publicada por El País de España, Folha de S.Paulo de Brasil y Libération de Francia.
En el artículo, la expresidenta sostuvo que las supuestas violaciones de derechos que denuncia «trascienden» su situación personal y describió el proceso judicial en su contra como marcado por arbitrariedades y por un clima de hostilidad. También vinculó ese escenario con el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022.
Uno de los ejes centrales de la carta es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Cristina Kirchner sostuvo que la exclusión judicial de un dirigente de la competencia electoral puede transformarse en un mecanismo de erosión democrática y afectar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
«No busco privilegios ni excepciones», escribió la exmandataria, quien reclamó que su caso sea evaluado de acuerdo con las garantías internacionales de imparcialidad e independencia judicial.