Un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense señala que el 75 % de las causas que se inician por violencia (amenazas y lesiones) se encuentran archivadas y el no contar con un patrocinio jurídico gratuito impide continuar con el procedimiento judicial.
A través del Observatorio de Violencia de Género (OVG), la defensoria del Pueblo viene trabajando y elaborando mecanismos para establecer un trabajo articulado ente la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General y el Poder Ejecutivo con la finalidad de elaborar un sistema unificado de gestión de las causas judiciales por violencia de género.
Laurana Malacalza, Coordinadora observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del pueblo de la Provincia de Buenos Aires habló en La Primera Mañana de Radio Noticias se refirió a la situación de las causas por violencia de género en la provincia.
«Todo el procedimiento judicial recae en la propias víctimas, la mujer que presenta una denuncia, es la que tiene que presentar los testigos para dar cuenta que un delito se pudo haber cometido, todo eso lo hace sin el patrocinio gratuito del estado» remarcó y explicó que el estado otorga una defensa oficial, a quienes es imputado, que sería el victimario, y en el caso de la mujer no puede sostener el procedimiento judicial por los tiempos y gastos que conlleva.
Malacalza advirtió que “no se puede seguir sosteniendo que en un juzgado de familia se dicte una medida de protección por violencia familiar, en otro juzgado se ordena un régimen de visita y en otra causa judicial se investiga un posible delito”, ya que, “esta práctica demuestra la falta de articulación en los procesos judiciales que se inician por varios hechos padecidos por una misma víctima”.
Por otro lado, la funcionaria aseguró que “otra muestra de ausencia de articulación en este caso entre el poder judicial y el ejecutivo es la cantidad de mujeres asesinadas que tenían dictadas medidas de protección sin que ningún organismo público se encargara de controlar”.
Al respecto, “como parte de este compromiso contra la violencia de género, la Defensoría propone establecer presupuestos provinciales y municipales con enfoque de género para abordar de manera integral y articulada las violencias contra las mujeres”, al tiempo que solicita “ la implementación efectiva de la ley de educación sexual integral en las provincias es aún una deuda pendiente en argentina”.
