Mientras la UCIP advierte que las ventas minoristas tuvieron en julio la peor caída del año, el municipio prepara intimaciones para 2.521 comercios e industrias que adeudan la tasa de residuos.
Hay dos noticias que, tomadas por separado, hablan de cosas diferentes. Una cuenta que 2.521 comercios e industrias de Mar del Plata serán intimados por deudas municipales. La otra muestra que las ventas minoristas tuvieron en julio su peor caída del año.
Pero cuando se ponen una al lado de la otra aparece una pregunta difícil de esquivar: ¿qué pasa con un comercio cuando sus ingresos caen, su rentabilidad se achica y, al mismo tiempo, aumentan las dificultades para cumplir con sus obligaciones?
El Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) resolvió avanzar con la intimación de 2.521 comercios e industrias de General Pueyrredon que mantienen deudas correspondientes a la Tasa por Disposición Final de Residuos para Grandes Generadores.
Según la información publicada en el Boletín Oficial, se trata de contribuyentes que habían adherido a planes de financiación y no cumplieron con las cuotas acordadas.
El municipio busca ahora recuperar esas deudas mediante notificaciones fehacientes. La particularidad es que las comunicaciones serán entregadas por agentes municipales fuera de su jornada laboral, con un costo estimado de $9.000 por contribuyente, según lo informado por La Capital.
Hasta ahí, se trata de una cuestión tributaria.
El problema aparece cuando ese dato se cruza con el estado de la actividad comercial.
El otro número: las ventas cayeron 7%
La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) relevó la actividad comercial durante julio y encontró una caída interanual del 7% en las ventas minoristas.
Es el peor registro de 2026 hasta ahora y se produjo, además, durante un mes que incluyó las vacaciones de invierno.
El dato no aparece aislado.
La caída fue del 6,4% en enero, 4% en febrero, 4,6% en marzo, 2,6% en abril, 5,8% en mayo y 5,7% en junio. Julio, con ese 7%, profundizó una tendencia que se viene repitiendo durante todo el año.
Y hay otros números que ayudan a entender el escenario.
El 52,4% de los comerciantes consultados aseguró que su situación empeoró respecto del año pasado. Apenas el 6,3% dijo haber mejorado.
Pero quizás el dato más significativo para pensar el futuro sea otro: el 87,3% considera que el contexto actual no es adecuado para invertir.
La rentabilidad tampoco ofrece demasiado margen. Solo el 15,9% de los comerciantes la calificó como buena, mientras que un 28,6% la consideró mala y un 6,3%, pésima.
Cuando la caja se achica
Ahí aparece el punto de encuentro entre las dos noticias.
Una empresa o un comercio no deja de tener obligaciones porque venda menos. La tasa municipal sigue existiendo, los salarios deben pagarse, también el alquiler, los servicios, los proveedores y los impuestos.
Pero cuando la facturación cae durante varios meses, la capacidad de cumplir con todas esas obligaciones también se deteriora.
Eso permite mirar de otra manera el dato de los 2.521 deudores: no necesariamente todos atraviesan la misma situación ni todas las deudas tienen el mismo origen, pero el volumen de contribuyentes alcanzados por la intimación coincide con un escenario de fuerte retroceso de la actividad.
La propia información sobre las intimaciones municipales vincula el retraso en el pago con las dificultades económicas que atraviesa el sector y con la caída del consumo.
La discusión, entonces, deja de ser solamente “quién debe y cuánto debe” para abrir otra pregunta: ¿cómo se sostiene la actividad económica cuando vender deja cada vez menos margen?
¿El Estado acompaña cuando llegan las pérdidas?
La pregunta puede plantearse todavía de otra manera.
¿Qué ocurre cuando el Estado participa de los ingresos a través de tasas, impuestos y contribuciones, pero el comerciante queda prácticamente solo cuando llegan la caída de las ventas, la pérdida de rentabilidad y la falta de consumo?
No se trata de discutir si una tasa debe cobrarse o no. El municipio tiene la responsabilidad de administrar sus recursos y hacer cumplir las normas tributarias.
Pero también existe otra discusión: qué políticas pueden ayudar a que los comercios sigan abiertos, sostengan empleo y vuelvan a invertir.
El presidente de la UCIP, Blas Taladrid, fue claro al describir el escenario: “El comercio acumula meses de caída en ventas y en rentabilidad. Solo 15 de cada 100 comerciantes considera que su rentabilidad es buena, y eso frena la inversión y la reinversión”.
La entidad empresaria reclama una recomposición del poder adquisitivo y del consumo interno como condición para revertir la situación.
Y allí aparece el verdadero desafío para Mar del Plata.
Porque una economía local no vive solamente de cobrar lo que corresponde. También necesita que haya consumidores, que los comercios vendan, que puedan pagar sus obligaciones, que mantengan puestos de trabajo y que tengan algún incentivo para volver a invertir.
La discusión sobre los 2.521 comercios intimados, entonces, puede ser leída como un problema de deuda. Pero puesta junto al 7% de caída de las ventas, también funciona como una fotografía más amplia de una economía en la que la caja de muchos comercios se está achicando mientras las obligaciones siguen llegando puntualmente.