El Colegio de Martilleros bonaerense presentó un proyecto para crear un Régimen de Alquiler Social. La iniciativa apunta a inquilinos de menores ingresos y propone eliminar o reducir honorarios, informes, sellados y costos de conexión de servicios al momento de alquilar.
Acceder a un alquiler no implica solamente afrontar el valor mensual de la vivienda. Honorarios, depósitos, informes, certificaciones, sellados y conexiones de servicios pueden convertir el ingreso a una propiedad en un desembolso difícil de afrontar para muchas familias.
Con ese problema como eje, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) presentó un proyecto para crear un Régimen de Alquiler Social bonaerense.
La propuesta fue acercada al diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, del bloque Fuerza Patria, para su análisis y eventual tratamiento en la Legislatura bonaerense.
Por el momento, se trata de una iniciativa y no de un beneficio vigente.
¿Quiénes podrían acceder?
El proyecto no alcanzaría a todos los contratos de alquiler.
Según explicó Luis Colao, presidente de Martilleros BA, estaría destinado a un segmento determinado de inquilinos y tomaría como referencia el valor inicial del alquiler.
“El proyecto de Régimen de Alquiler Social tiene por finalidad aliviar, a un segmento determinado, las erogaciones que debe afrontar un inquilino al ingresar a un inmueble”, señaló.
El límite propuesto establece que el alquiler mensual inicial no debería superar el sueldo básico correspondiente a la Categoría 20 por 48 horas de trabajo de un empleado de la Administración Pública Provincial, comprendido en la Ley 10.430.
La utilización de ese parámetro permitiría determinar qué contratos quedan comprendidos dentro del régimen.
¿Qué gastos dejaría de pagar el inquilino?
Este es uno de los puntos centrales de la propuesta.
Para los alquileres alcanzados por el régimen, el proyecto contempla que determinados gastos iniciales no recaigan sobre el locatario.
Entre ellos se encuentran:
- Los honorarios de martilleros y corredores públicos por la intermediación, que serían afrontados por los propietarios.
- Los informes solicitados al Registro de la Propiedad Inmueble, que serían gratuitos para el inquilino.
- Una revisión del límite de valuación fiscal utilizado para determinar la exención del Impuesto de Sellos.
- La gratuidad de determinadas certificaciones necesarias para los contratos.
- La eliminación de cargos de conexión, reconexión, depósito o cambio de titularidad de servicios para los alquileres comprendidos en el régimen.
De aprobarse en esos términos, la modificación podría reducir considerablemente el monto que una familia necesita reunir antes de recibir las llaves de una vivienda.
También habría beneficios para propietarios
La iniciativa no plantea solamente modificaciones para quienes alquilan.
También propone crear un régimen especial de incentivos y simplificación fiscal para propietarios que incorporen viviendas al mercado de alquiler bajo estas condiciones.
La propuesta contempla exenciones impositivas y la posibilidad de que los municipios bonaerenses adhieran mediante beneficios sobre tasas y derechos municipales.
El objetivo sería generar un incentivo para aumentar la cantidad de propiedades disponibles dentro del segmento alcanzado por el Alquiler Social.
Una discusión sobre quién paga el ingreso a un alquiler
Colao sostuvo que el proyecto introduce además el concepto de segmentación, para evitar que una misma política alcance de idéntica manera a situaciones económicas diferentes.
“Esta estrategia de dividir en grupos, subgrupos o regiones para asistirlos en forma selectiva implica poner una mirada mucho más justa, sobre todo en una sociedad y una provincia tan vasta y compleja socialmente como la nuestra”, expresó.
Desde Martilleros BA remarcaron, al mismo tiempo, que la solución al déficit habitacional no puede recaer exclusivamente sobre propietarios o profesionales inmobiliarios.
“No son los locadores ni los profesionales quienes deben suplir los déficits en materia habitacional, ya que ese es un rol indelegable del Estado”, señaló Colao.
Para el Colegio, una combinación de aportes estatales, incentivos para los propietarios y reducción de determinados costos profesionales podría facilitar el acceso al mercado formal de alquileres para hogares de menores ingresos.
La iniciativa abre ahora una discusión en la Legislatura bonaerense.
La clave estará en determinar si el proyecto avanza, cuáles de estos beneficios sobreviven al debate legislativo y qué universo de inquilinos terminaría efectivamente alcanzado por el régimen.