La senadora libertaria Vilma Facunda Bedia metió en su despacho de la Cámara Alta a toda su familia. A pesar de la campaña de La Libertad Avanza contra la casta, la legisladora jujeña contrató en su oficina a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada.

Pastora evangélica y profesora en su provincia natal, Bedia les consiguió a su hijo Joel Benjamín Mamani un puesto de planta transitoria con categoría A3, por el que cobra alrededor de 700 mil pesos, y otro a José Jair Mamani, con una A1, cuyo ingreso está estipulado en 1,2 millones de pesos. Fuentes territoriales incluyen en la planta de empleados colados por la senadora a su hijo Pablo pero no aparece en los registros públicos de la web del Congreso.

Bedia también hizo ingresar a sus hermanos Juan Carlos, pastor y presidente de la Fundación Emanuel, y Ricardo, miembro de la misma entidad. Ambos accedieron a una categoría A1. La fundación es definida por los Bedia como una ONG «cristiana» y ha promovido «seminarios de higiene mental». Albert Bedia, otro hermano suyo, se incorporó como asesor pero le dieron una categoría A3. Sin embargo, esos nombres no figuran en la planilla publicada en la página oficial del Senado según supo el portal LPO.

En Jujuy, comentan que también su cuñada Nélida, pareja de Juan Carlos Bedia, forma parte del equipo de la legisladora. Según dirigentes de esa jurisdicción, es masoterapeuta. El mismo núcleo familiar habría logrado una yapa: la hija de ambos y sobrina de la pastora, Damaris, es otra de las empleadas que aportaría el clan. En tanto, el hijo varón y sobrino de la libertaria, Jonatan, es otro que formaría parte del plantel. Sus amigos dicen que es buen DJ.

Daiana Ester Llanes es otra de sus sobrinas y figura como planta transitoria con categoría A3. La senadora contrató incluso a su nuera, Mirta Araceli Silisque. En su caso, se benefició con una de las categorías más bajas del despacho: A8.

El rumor más inquietante para la pequeña empresa familiar de Bedia es que algunos de sus empleados de mayor confianza también serían beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. El margen para cobrar un salario del Senado al mismo tiempo que se percibe un plan del ex Ministerio de Desarrollo Social sería que la actualización de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) demora entre 5 y 6 meses. Durante ese lapso, habría puntos ciegos para el control y la transparencia estatal, alegan en la Cámara Alta.

Fuente Política Argentina

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