Detrás del mensaje, se cree que ya están identificados algunos dirigentes sociales que obligarían a beneficiarios de planes sociales a generar un «retorno» supuestamente voluntario para financiar la organización.
Nuevamente, la dirigente política de La Libertad Avanza (LLA) y titular de la UDIA Santa Teresita de ANSES, Roxana Cavallini, recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje a los beneficiarios de planes sociales, instándolos a denunciar si alguien intenta apropiarse de una parte de su dinero.
Mira el video:
https://www.instagram.com/p/DCHfgpRuYwl
Cavallini sostiene que “desde Milei para abajo, toda La Libertad Avanza está comprometida en ayudar a quienes necesitan”, pero también en impedir que las organizaciones sociales continúen usando a los beneficiarios para su propio beneficio. Aunque hasta el momento no se han recibido denuncias formales, Cavallini se muestra confiada en que pronto la gente dejará de tener miedo y denunciará estos abusos.
La funcionaria también aseguró que acompañarán a los denunciantes, y recordó que las denuncias pueden realizarse de manera anónima en el número telefónico gratuito 0800-222-3294.
¿Qué delitos podrían configurarse?
Solicitar o exigir a los beneficiarios de planes sociales una parte de sus beneficios para alguna persona, dirigente o agrupación puede considerarse extorsión o coacción, delitos tipificados en el Código Penal argentino. Estos actos suelen ocurrir cuando un dirigente usa su posición de poder o influencia para condicionar, explícita o implícitamente, el acceso al plan social o su continuidad.
- Extorsión (Art. 168 del Código Penal): Se configura si alguien usa intimidación o presión para obtener dinero o beneficios económicos indebidos. Aunque el beneficiario “acepte” entregar una parte de su plan, si lo hace por temor a perder el beneficio, podría considerarse extorsión.
- Coacción (Art. 149 bis): Si un dirigente ejerce presión o manipulación psicológica para que el beneficiario entregue parte de sus beneficios, podría constituir un acto de coacción.
- Defraudación al Estado (Art. 174 inciso 5): Si el dirigente o la organización utiliza de forma indebida fondos del Estado (como los planes sociales), podría configurarse este delito de defraudación, ya que los fondos no están siendo destinados al fin original para el cual fueron otorgados.
Consentimiento “voluntario” y abuso de poder
Es importante destacar que el “consentimiento voluntario” del beneficiario no necesariamente exime de delito, ya que:
- Existe un desequilibrio de poder entre el dirigente y el beneficiario, lo cual podría anular el consentimiento libre. Si el beneficiario siente que puede perder su plan o sufrir represalias, su consentimiento no es realmente libre.
- Cuando el dirigente controla los recursos de los planes sociales y presiona a los beneficiarios, esto puede interpretarse como un acto de corrupción o abuso de poder.
