La oposición intentó frenar las nuevas licitaciones, pero la Justicia rechazó el pedido. Mientras el Municipio avanza con la recuperación de playas públicas, el conflicto deja una pregunta política: ¿alcanza con denunciar irregularidades para instalar sospechas de corrupción?
Las licitaciones de balnearios del Partido de La Costa se convirtieron en un nuevo foco de disputa entre el gobierno municipal y un sector de la oposición.
El concejal Martín Fernández, acompañado en sus cuestionamientos por la exconcejal Evangelina Cordone, denunció presuntas irregularidades y solicitó judicialmente la suspensión de los procedimientos.
Pero el viernes 16 de octubre, el juez Agustín López Coppola, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Dolores, rechazó la medida cautelar porque no se acreditaron los requisitos legales necesarios para concederla.
La consecuencia es clara: las licitaciones pueden continuar. Aunque el fallo no resuelve definitivamente todos los cuestionamientos, tampoco permite presentar las irregularidades denunciadas como hechos judicialmente comprobados.
¿Qué cambia con las nuevas concesiones?
La Municipalidad está licitando distintas Unidades Turísticas Fiscales (UTF), destinadas a servicios de balnearios y otras actividades turísticas.
La diferencia más visible con etapas anteriores es que el Ejecutivo anunció que el 20% de los balnearios cuyos permisos vencen en 2026 no volverá a concesionarse. Esos sectores serán recuperados como playas públicas.
Además, los nuevos llamados establecieron valores de $20 millones para la adquisición de determinados pliegos. Esa cifra no representa el canon que deberán pagar los futuros concesionarios.
El intendente Juan de Jesús sostiene que el objetivo es reducir la ocupación comercial de las playas, mejorar los servicios y extender la actividad turística más allá del verano.
Para evaluar completamente el nuevo esquema todavía es necesario comparar los pliegos actuales con los anteriores, especialmente en duración de los contratos, inversiones y obligaciones de los adjudicatarios.
¿Qué cuestionaron Fernández y Cordone?
Los dirigentes opositores plantearon objeciones a los pliegos y denunciaron dificultades para acceder a las aperturas de ofertas.
Cordone también explicó públicamente que pretendía fotografiar documentación para facilitar su posterior análisis por parte del concejal.
La cuestión plantea un debate legítimo: cómo garantizar el control de los procedimientos públicos sin exponer información privada o patrimonial de los oferentes.
En paralelo circularon versiones sobre posibles intereses particulares de los protagonistas. Respecto de Cordone, se le atribuye una aclaración en redes sociales negando haberse presentado como oferente para obtener un balneario.
Las sospechas sobre los funcionarios y las afirmaciones sobre quienes los denuncian deben someterse al mismo criterio: necesitan pruebas.
Una denuncia no equivale a una irregularidad demostrada
El resultado judicial obliga a distinguir entre tres situaciones: presentar una denuncia, demostrar una irregularidad y obtener una resolución favorable.
En este caso, Fernández acudió a la Justicia, pero no logró acreditar los requisitos necesarios para suspender preventivamente las licitaciones.
Eso no significa que la Justicia haya declarado intachable toda la actuación municipal. Significa que la presentación no fue suficiente para conseguir la medida solicitada.
La oposición tiene derecho a investigar, cuestionar y reclamar transparencia. Pero si se sugieren hechos de corrupción, corresponde precisar cuáles son las conductas denunciadas y qué documentación las respalda.
Una sospecha puede justificar una investigación; no puede utilizarse como si fuera una prueba concluyente.
¿Y los problemas cotidianos de los vecinos?
Hay una segunda discusión que merece atención: la agenda política del Partido de La Costa.
Las concesiones de balnearios involucran directamente a un grupo relativamente reducido de interesados, aunque su impacto sobre las playas públicas, el ambiente y el turismo alcanza a toda la comunidad.
Mientras este conflicto gana visibilidad, miles de vecinos enfrentan preocupaciones inmediatas: dificultades en la atención de PAMI, tarifas de gas, falta de empleo, ingresos familiares y problemas de acceso a la salud.
Controlar las licitaciones es necesario. Pero también corresponde preguntar qué propuestas concretas presentan los distintos sectores políticos frente a esas necesidades.
Para juzgar esa agenda será importante considerar no solamente las declaraciones públicas, sino también los proyectos y las actuaciones de cada bloque en el Concejo Deliberante.
Lo que debería importar
El resultado de las licitaciones deberá evaluarse por cuestiones concretas: cuántos espacios vuelven al uso público, qué inversiones se realizan, cuánto recibe el Municipio y qué servicios tendrán residentes y turistas.
La oposición puede controlar y cuestionar cada una de esas decisiones. El Ejecutivo debe publicar información suficiente para permitir ese control.
Lo que no debería confundirse es la discusión política con la comprobación de un hecho. Denunciar no es demostrar. Y la transparencia se fortalece con documentos, no solamente con sospechas.